El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución territorial y los criterios de reparto de 1.889 millones de euros de los fondos europeos de recuperación a las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla para financiar actuaciones de rehabilitación residencial y la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. La distribución territorial y los criterios de reparto autorizados por el Consejo de Ministros deberá someterse a la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo.

De los 1.889 millones de euros, 1.389 millones de euros podrán traspasarse este año 2022 a las comunidades y ciudades autónomas para financiar la rehabilitación y regeneración de viviendas, barrios y edificios residenciales, mientras que los 500 millones de euros restantes se traspasarán a partir del año 2023 para levantar viviendas en alquiler social.

La distribución territorial de estos 1.889 millones de euros se sumará a los 1.151 millones de euros del programa de rehabilitación residencial transferidos en 2021 por Mitma a las CCAA, Ceuta y Melilla y a los 500 millones del programa de vivienda social traspasados en 2022. Todo ello, según la distribución acordada en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo del 21 de julio de 2021.

En concreto se movilizan 3.540 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para que las comunidades y ciudades autónomas financien las actuaciones encaminadas a la regeneración de los entornos residenciales y aumento del parque de vivienda pública, lo que supone el 89,1% de los recursos a transferir en el marco de ambos programas de inversión.

Así, en 2023 se podrá transferir el 100% de los fondos destinados a la construcción de hasta 20.000 viviendas en alquiler social y este año, el 85,5% de las ayudas dirigidas a rehabilitación. El año que viene se prevé la distribución de los 430 millones de euros restantes.

En este punto, cabe recordar que el programa de rehabilitación residencial cuenta con 450 millones de euros para financiar bonificaciones fiscales a la rehabilitación de viviendas, lo que da un total de 3.420 millones de euros.

España se asegura, con este nuevo reparto de recursos, el cumplimiento de los compromisos en el impulso de la rehabilitación edificatoria, tanto en el marco de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE), como del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.

Junto con la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del PRTR, se refuerzan las oportunidades para impulsar la rehabilitación y mejora de viviendas y edificios residenciales.

En definitiva, estas medidas permitirán mejorar la calidad de vida y el confort de las viviendas, asegurar la máxima calidad de los edificios y contribuir a fortalecer un sector clave de la economía española en términos de actividad y empleo, con un enorme potencial de crecimiento.

El objetivo es reducir un 30% el consumo de energía primaria no renovable de los hogares y mejorar el confort y la habitabilidad, promoviendo, por ejemplo, el cambio de ventanas, el despliegue de sistemas de calefacción alimentados con energías renovables, o la renovación de sistemas de calefacción y de refrigeración obsoletos.

Los fondos se distribuirán entre las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla en proporción al número de hogares, según los últimos datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta manera, para el ‘Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales’ 2022, las tres Comunidades Autónomas que más fondos recibirán son Andalucía, Cataluña y Madrid.

Respecto al ‘Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes’ 2023 las que reciben más fondos son, también por el mismo orden, Andalucía, Cataluña y Madrid.